La Sanidad del 2023 se ha visto marcada por la actualidad del país, que para empezar ha vivido intensamente la llegada de las elecciones anticipadas en verano y la crispación política. No obstante, el final de la gestión de la crisis del COVID y la situación de los centros sanitarios, especialmente de la Atención Primaria, marcada por la falta de especialistas, han sido también temas del debate político durante las elecciones. Pero, además, han destacado otros temas, como el gran salto hacia la digitalización que está dando toda la Administración y que está teniendo especial relevancia en el ámbito médico, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial.
Un año de tres ministros
El último Consejo Interterritorial de Carolina Darias como ministra se celebraba el 17 de marzo, que era cuando anunciaba que dejaba el cargo que ocupaba desde 2021, tras la marcha de Salvador Illa aun en plena pandemia. El motivo era su intención de encabezar la candidatura socialista a la alcaldía de Las Palmas, cargo que finalmente lograría.
Tras su marcha, recogía la cartera del Ministerio de Sanidad José Manuel Miñones el 27 de marzo. Anteriormente, el nuevo ministro ostentaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia. Pedro Sánchez se había decidido por él dada su labor como investigador, su trayectoria y su “compromiso inquebrantable en la defensa del interés general”. De hecho, Miñones sería el primer licenciado en Farmacia nombrado ministro de Sanidad.
Sería Miñones quien continuaría como ministro de Sanidad en funciones tras la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio. Sin embargo, no sería hasta el 17 de noviembre cuando, tras meses de incertidumbre y de debates sobre la política de pactos, finalmente el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, lograba ser reelegido presidente del Gobierno de España.
En materia de Sanidad, para esta nueva legislatura, destacaba su compromiso a desarrollar un “gran pacto de Estado por la Salud Mental” para que no “no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda tenerla”. Asimismo, hacía especial hincapié en la necesidad de reforzar la Atención Primaria. Igualmente, se planteaba un “plan de listas de espera”, al que se podrán acoger las Comunidades Autónomas, que son las que tienen esta competencia. El objetivo inicial pasaba por establecer unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano/a.
Precisamente, estas eran las cuestiones que sacaba a relucir la recién nombrada nueva ministra de Sanidad, Mónica García, hasta ese momento líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid. De García, el sector sanitario destacaba su trayectoria como médica, y su activismo durante las protestas de las Mareas Blancas en defensa de la Sanidad pública, adscritas al movimiento del 15M.
Otro hito político que ha marcado este 2023 es que desde el 1 de julio al 31 de diciembre, España ha ostentado la presidencia del Consejo de Unión Europea. Una etapa que también ha tenido su impacto en el sector sanitario en estos primeros meses. Precisamente, a finales de julio tenía lugar, en las Palmas de Gran Canaria, una Reunión Informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE). El objetivo de la misma se centraba en buscar el avance en la preparación ante nuevas alertas sanitarias.
La preocupación por la Salud Mental
Tal y como señalaba Sánchez en su investidura, uno de los temas que más ha preocupado en 2023 ha sido la Salud Mental de los españoles. De esta forma, Mónica García, en su toma de posesión trasladaba a los presentes su deseo de «trabajar con ahínco» para llevar a cabo el Pacto de Estado por la Salud Mental, que definía como «una de las piedras angulares» de su Ministerio.
No obstante, a lo largo de 2023 se desvelaron nuevos datos preocupantes. Según datos del Servicio de Información Toxicológica (SIT), ya en 2022 se detectó un incremento del 29 por ciento en los casos de intento de suicidio mediante sustancias tóxicas respecto al año anterior. En total, se registraron 6.997 consultas de este tipo. Así consta en la Memoria Anual 2022 sobre las consultas telefónicas recibidas como consecuencia de intoxicaciones o exposiciones a sustancias tóxicas.
Según estos datos de Toxicología, de las 8.246 consultas de intoxicaciones voluntarias, en un 83 por ciento (6.997 consultas) de los casos la causa era el intento de suicidio o autolisis. El grupo más afectado dentro de esta categoría fue el de la franja de edad de 11 a 15 años, con un 19,7 por ciento del total. Este grupo es seguido por el 13,3 por ciento de casos pertenecientes a la franja de 16 a 19 años. Por géneros, los intentos de suicidio se produjeron principalmente en mujeres, un 65,9 por ciento del total.
Por otra parte, a finales de agosto se daba a conocer que las tasas de suicidio entre médicos son más altas que en la población general. El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) confirmaba que, si bien no existe un registro fiable de la distribución de las muertes por suicidio según la profesión, la tasa de suicidio médico es realmente mayor que el registrado. La cuestión es que con frecuencia puede ser mal codificado deliberadamente en los certificados de muerte como sobredosis accidental, debido al elevado nivel de estigma. En conclusión, se cree que el número de suicidios entre los médicos se ha subestimado.
¿Fin del COVID?
Sin duda, el gran hito sanitario del 2023 era el fin de la pandemia entendida como tal, aunque no el fin de la gestión del COVID y todas sus consecuencias desde una nueva realidad sanitaria. Era el día 4 de julio cuando el Consejo de Ministros declaraba el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Una vez valorado el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Ministros consideraba pertinente la transición hacia un nuevo manejo de la enfermedad de una manera sostenible a largo plazo.
“Más de tres años después, podemos, sin bajar la guardia, decir adiós a una pandemia que ha marcado nuestras vidas”, manifestaba en ese momento el ministro de Sanidad, José Miñones, quien concretaba que desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) decaía la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios en los que se había decretado a causa de la COVID-19, si bien su uso continuaba siendo altamente recomendable, con el fin de proteger a la población vulnerable.
De hecho, a lo largo del verano, la situación del COVID-19, si no resultaba alarmante, sí que volvía a estar en el punto de mira internacional. Concretamente, a mediados de agosto, en el marco de la reunión de los ministros de salud del G20, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertía de que la COVID-19 a pesar de que «ya no es una emergencia sanitaria mundial, sigue siendo una amenaza para la salud mundial”. España era precisamente uno de los países en los que los casos de COVID aumentaban especialmente durante el verano.
En esta línea, a finales de año, también se vivía un repunte de infecciones respiratorias que, a mediados de diciembre, mostraba un aumento del 37,17 por ciento. De esta forma, el Ministerio de Sanidad se veía obligado a publicar de nuevo recomendaciones para prevenir el contagio que incluyen la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria.
Nueva guerra al tabaco y al cáncer de pulmón
No solo las infecciones respiratorias y la Salud Mental han sido dos de las grandes preocupaciones. Y es que la necesidad de nuevas medidas contra el tabaco volvía a abrir múltiples debates sanitarios. El 31 de mayo se celebró el Día Mundial sin Tabaco, y los expertos reclamaron más medidas ante el importante número de fumadores en España. Entre otras, por ejemplo, aumentar el número de lugares libres de humo. En concreto, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) compartió los datos de la situación actual del tabaquismo en España, descubriendo que cerca del 30 por ciento de los españoles en 2022 eran fumadores, un número muy superior al esperado.
Igualmente, otro de los grandes retos de los neumólogos era la necesidad de implantar un cribado de cáncer de pulmón que la administración aún tiene en modelo de evaluación. Así, en el mes de noviembre se anunciaba que más de 20 hospitales de la red pública y centros de Atención Primaria vinculados a los mismos de 14 comunidades autónomas participarían en el Proyecto CASSANDRA. Se trata de un proyecto piloto, que pretende aportar evidencia sobre la factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en nuestro país.
Por otra parte, a finales de diciembre, se daban a conocer los resultados del estudio piloto sobre consumo de alcohol y tabaco y posibles adicciones comportamentales en jóvenes de 12 y 13 años realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas en 2023. Con respecto al consumo de tabaco, los datos revelaban que el 8,5 por ciento de los estudiantes de 12 y 13 años lo ha probado alguna vez. Además, se muestra un consumo ascendente de los cigarrillos electrónicos entre los 12 y 13 años, ya que el 25,2 por ciento afirma haberlos consumido alguna vez en la vida, el 21 por ciento en los últimos 12 meses y el 11,2 por ciento en los últimos 30 días. Ante estas cifras, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondía con su intención de «regular» los vapeadores.
El año de la inteligencia artificial
España ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en digitalización en los últimos años, de la mano de los nuevos programas europeos. Este trabajo se ve reflejado en la llamada agenda España Digital, o más concretamente, España Digital 2026, que es como se denomina a la actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 y que fue presentada el jueves 8 de julio de 2022.
Esta actualización incluye nuevas prioridades y dos nuevos ejes transversales referidos a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la iniciativa RETECH, una red de proyectos estratégicos emblemáticos y transformadores en el área digital propuestos por las comunidades autónomas.
Este 2023 el sector sanitario centraba gran parte de sus eventos en hablar de todo lo que herramientas como la inteligencia artificial va a poder aportar o ya aporta al sector, y cómo afrontar los retos que supone. Como ejemplo, la inauguración del X Congreso Internacional de Salud Digital y la III Semana de Salud Digital servía como una hoja de ruta para conocer cuáles son los retos y oportunidades que se deben transitar para lograr una verdadera transformación digital. Desde la inteligencia artificial, pasando por el metaverso, la telemedicina, la realidad virtual, los retos en ciberseguridad, la atención sanitaria basada en el valor, o las competencias digitales.
En este sentido, en el marco de Healthnology España 2023, Rafael Areses Gómez, director de Tecnologías Emergentes en Alebat Education, contextualizaba que el impacto de esta innovación no ha hecho más que empezar. “No es una tecnología, es una cascada de tecnologías. Es la velocidad a la que van, es la cantidad de cosas que son y que están siendo unos cambiadores de juego reales”.
En esta línea, en la primera edición de Muy IA Trends Executive Update se ponía de manifiesto que la inteligencia artificial (IA) generativa está preparada para transformar la Medicina. Sin embargo, debe afrontar retos como la falta de datos médicos para entrenar los modelos y la necesidad de integración en los sistemas actuales. Incluso las resistencias a la hora de la implantación de nuevas tecnologías.
Así, si bien se ha hablado mucho este año sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la salud y en los centros sanitarios, lo cierto es que la incorporación de la misma lleva asociada nuevas necesidades, como es la creación de nuevos puestos y perfiles laborales, más allá de los propios sanitarios. Es el caso de los ingenieros biomédicos. Esta cuestión fue abordada en el contexto del I Congreso ‘Hospitales disruptivos. Reingeniería de la Sanidad’, celebrado el pasado septiembre en Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM).
No obstante, la falta de talento es una de las grandes crisis de la innovación europea. Así se puso también de manifiesto en un evento organizado por EIT Community bajo el título ‘El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y la nueva Agenda Europea de Innovación’, como evento satélite de la agenda oficial organizada con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
Otro de los grandes retos, como se ponía de manifiesto por parte de la empresa de ciberseguridad Claroty, es que a datos de septiembre de 2023, el 78 por ciento de las instituciones sanitarias había sufrido incidentes de ciberseguridad, según el informe Global Healthcare Cybersecurity Study 2023, que había contado con la participación de 1.100 profesionales de ciberseguridad, ingeniería, TI y redes de organizaciones sanitarias de un total de 39 países, entre los que se encuentra España. El 30 por ciento de los encuestados también había reconocido que se han visto afectados datos sensibles e información sanitaria protegida.
Malestar profesional
Pese a todos los avances que se han producido en 2023, la Sanidad española no termina de remontar de la tremenda crisis sanitaria vivida en la pandemia. En especial a lo que respecta a sus profesionales, debido a las complicadas condiciones laborales.
El mes de enero comenzaba con la vuelta de la huelga sanitaria madrileña. Los trabajadores afectados por la reorganización de la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid anunciaban otras tres jornadas de huelga. Reclamaban la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el funcionamiento de los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) en las mismas condiciones y con la misma dotación de personal
En febrero, las ciudades de Madrid y Santiago de Compostela reunían el domingo 12 de febrero a miles de manifestantes en defensa la Sanidad Pública y de la Atención Primaria. En Santiago de Compostela, los organizadores de la misma, SOS Sanidade Pública, calificaban la cita como “masiva” e “histórica”
Asimismo, ese mismo mes, también se producían movimientos en Navarra, aunque finalmente, el secretario general del Sindicato Médico de Navarra, afirmaba haber llegado a una acuerdo que terminaba con la huelga general.
En cambio, en abril, los que estaban llamados a secundar una nueva huelga indefinida eran los médicos gallegos. La misma estaba convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en solitario. El listado de peticiones de CESM Galicia afectaba a todos los niveles asistenciales, en especial a la Atención Primaria. Sin embargo, también tienen demandas específicas para la Hospitalaria, para los facultativos de 061 y para los MIR.
Ante esta situación de crisis generalizada, en el mes de mayo el Consejo de Ministros aprobaba cerca de 580 millones para Atención Primaria. En concreto, para financiar el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) destinados a mejorar infraestructuras y equipamientos. El Gobierno transfería estos fondos a las comunidades autónomas, que deberá destinarlos a modernizar y mejorar los más de 13.000 centros de salud y consultorios.
Aunque los médicos de la Sanidad Pública no eran los únicos en situaciones precarias. Tal y como se daba a conocer en octubre en el IV Congreso Nacional de Médicos de Ejercicio Privado estos reclamaban sentar las bases de un nuevo modelo de negocio. “Hay que ofrecer una cobertura de calidad, pero no a costa de la pérdida de retribuciones y de un deterioro progresivo de las condiciones contractuales de los profesionales médicos que ejercen en la Sanidad privada”, señalaba el presidente del ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés en su intervención. Una denuncia en la que coincidía María Cordón, vocal de Ejercicio Libre del ICOMEM: “El eslabón más débil de la cadena es el médico que recibe toda la tensión de la cuenta de resultados viendo reducidos sus honorarios médicos por acto, compensándolo con gran volumen de pacientes”.
Debate sobre el déficit de médicos
Uno de los grandes problemas que continúa tensionando la Atención Primaria no es solo la necesidad de apostar por la digitalización o por recursos de infraestructura, sino la escasez de recursos humanos, especialmente de especialistas de Medicina de Familia.
En el mes de febrero, el Foro de la Profesión Médica abordaba de nuevo la problemática que existe en cuanto al aumento de plazas de estudiantes de Medicina, ya sea mediante la apertura de nuevas facultades, como a través de la ampliación de la oferta hasta un 15 por ciento, como se estaba tramitando por parte del Ejecutivo. Al igual que en anteriores ocasiones, el Foro recordaba que no existe un problema de falta de médicos sino de determinados especialistas, y que aumentar el número de graduados sin hacer lo propio con el profesorado y con la oferta de Formación Sanitaria Especializada agravaría el problema.
En mayo, un informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada se centraba en la problemática de la falta de interés de los MIR por Medicina de Familia, ya que la elección MIR de 2023 dejaba 202 plazas vacantes en esta especialidad. Así, el informe apostaba por no pedir nota mínima para las plazas MIR y evitar vacantes. Esta misma entidad, en septiembre, insistía en que si bien faltan médicos de varias especialidades, no hay que perder de vista que “sobran” licenciados en Medicina, y que incluso este aumento de plazas en las facultades llevará a un nuevo paro médico en los próximos años.
Pese a ello, en octubre el Ministerio de Sanidad anunciaba una partida de 50 millones de euros para 677 nuevas plazas de Medicina, que se han materializado en el curso académico 2023-2024. De esta forma, Sanidad subvenciona la formación de más titulados en las universidades públicas españolas con el fin de paliar el déficit de profesionales sanitarios en los próximos años.
Cambios en la jubilación
Precisamente, la falta de médicos en Atención Primaria llevaba a plantear nuevas soluciones, como una jubilación activa para médicos de familia y pediatras. Era el 28 de diciembre de 2022 cuando se publicaba en el BOE una Modificación de la Ley General de la Seguridad Social que introduce una nueva disposición transitoria trigésima quinta que permite la jubilación activa. Este se anunciaba así en enero de 2023, explicando que se trata de un plan piloto con una duración de tres años, que permite a estos facultativos continuar desempeñando sus funciones durante la prórroga en el servicio activo y, simultáneamente, acceder a la jubilación. Esto es percibiendo el setenta y cinco por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial de la pensión, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública.
En el mes de mayo, de nuevo el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada elaboraba un informe sobre esta jubilación activa, planteando dudas respecto a sus beneficios y dejando clara que esta jubilación activa precisa de un factor corrector.
Por otra parte, también en mayo se daba a conocer que según la Sexta oleada de la Encuesta OMCCESM sobre la Profesión Médica, de los 5.720 médicos mayores de 55 años activos encuestados el 32,6 por ciento estarían dispuesto a prolongar su actividad laboral, mientras que solo un 13,7 por ciento tenían intención de adelantar su jubilación y el 39,6 por ciento tenían intención de jubilarse cuando les correspondiera por la edad.
Otra de las propuestas, más allá de la jubilación activa, era la de la posibilidad de alargar la jubilación de los médicos a los 72 años. A este respecto, a finales de diciembre, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguraba que la intención del Ministerio de Sanidad, para paliar el déficit de médicos, “no pasa por exprimir a los profesionales”. Por ello, descartaba alargar la edad de jubilación de forma voluntaria de los médicos hasta los 72 años.
Asignaturas pendientes para 2024
En este contexto, antes de acabar el año, diversos expertos ya han dejado apuntados cuáles son las asignaturas pendientes que habrá que resolver en 2024. Ya en el mes de octubre, la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, apuntaba que los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud son “una asignatura fundamental”. Desde su punto de vista, se debe mejorar su gestión, ya que después de la pandemia “se ha incrementado la insatisfacción”. En concreto, Aparicio insistió en que la asignatura pendiente no es realmente la falta de recursos humanos. “Creo que tenemos muchos recursos humanos, pero tenemos que mejorar su gestión. Tenemos que ver cómo abordamos esa insatisfacción que después de la Covid-19 se ha incrementado”.
Por su parte, en el último Consejo de Ministros de diciembre de 2023, el propio Pedro Sánchez, haciendo balance del año, afirmaba que su intención era dar respuesta en los «próximos meses» al desarrollo de la futura Ley ELA. Cabe recordar que la Ley ELA, cuya tramitación fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en marzo de 2022, se quedó sin tramitar con la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio de 2023.
En esta línea, la Sociedad Española de Epidemiología recordaba antes de acabar el año que entre los aspectos esperados en el año 2023 estaba la aprobación de la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Su tramitación se vio paralizada por la convocatoria electoral, impidiendo que se cumpliera en tiempo uno de los objetivos marcados en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia destinado a la ‘Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud’. También recordaron que las elecciones de 2023 frenaron la tramitación de algunos Reales Decretos fundamentales para desarrollar la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública.
De esta forma, el sector sigue atento a todo lo que el 2024 pueda estar por llegar, por enfrentar y por solucionar.
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