El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha manifestado el rechazo del Ejecutivo autonómico a las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 presentadas por el Ministerio de Sanidad durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada el pasado viernes. La decisión supone la negativa de Euskadi a asumir el pago de aproximadamente 51 millones de euros derivados de las compensaciones establecidas a través del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), al considerar que ambos instrumentos carecen de un marco jurídico suficientemente sólido y actualizado.
La posición defendida por el Departamento de Salud no responde únicamente a una discrepancia económica, sino que se sustenta en un informe jurídico elaborado por los servicios técnicos del Ejecutivo vasco. Dicho documento concluye que el actual modelo de liquidación presenta importantes deficiencias en materia de seguridad jurídica, transparencia administrativa y estabilidad normativa, circunstancias que, a juicio del Gobierno Vasco, impiden respaldar unas liquidaciones de elevado impacto económico sin contar con unas garantías legales plenamente definidas.
Durante su intervención en el Consejo Interterritorial, Alberto Martínez defendió que ninguna administración pública debería afrontar obligaciones económicas de esta magnitud cuando existen dudas sobre la cobertura legal del procedimiento utilizado para calcular y exigir dichas cantidades. El consejero insistió en que la prioridad debe ser dotar al sistema de unas normas claras, homogéneas y estables que aporten certidumbre tanto a las comunidades autónomas como al propio Sistema Nacional de Salud.
Reivindicación
Desde el Ejecutivo vasco recuerdan que esta posición no constituye una respuesta puntual a las liquidaciones actuales, sino una reivindicación que lleva tiempo trasladándose al Ministerio de Sanidad. La comunidad autónoma ha reclamado reiteradamente una reforma del sistema de financiación asociado a los fondos de compensación sanitaria, al entender que el modelo vigente ha quedado desfasado y presenta importantes vacíos regulatorios.
En esta línea, el Departamento de Salud recuerda que el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconoció públicamente durante un comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, en octubre de 2025, la necesidad de desarrollar una regulación específica que resolviera las deficiencias existentes. Sin embargo, según denuncia el Gobierno Vasco, desde entonces no se ha producido ningún avance normativo ni se han impulsado las reformas comprometidas.
Para el Ejecutivo autonómico, esta falta de actuación resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que las liquidaciones continúan practicándose sobre un sistema cuya regulación consideran incompleta y jurídicamente cuestionable.
Sistema de compensación
Uno de los principales argumentos puestos sobre la mesa por el Gobierno Vasco hace referencia al desequilibrio existente entre la aportación económica realizada por Euskadi y su peso demográfico dentro del conjunto del Estado.
Según los datos oficiales facilitados por la administración autonómica, entre los años 2012 y 2022 el País Vasco aportó 169 millones de euros al Fondo de Cohesión. Esa cifra representa cerca del 60 % del total de las aportaciones realizadas por todas las comunidades autónomas, a pesar de que Euskadi concentra únicamente alrededor del 5 % de la población española.
Desde el Departamento de Salud se destaca además que la aportación vasca supera la suma de las contribuciones efectuadas conjuntamente por trece comunidades autónomas, una situación que consideran desproporcionada y que, en su opinión, evidencia la necesidad de revisar los actuales mecanismos de compensación para garantizar un reparto más equilibrado y transparente.
Fundamentos jurídicos
El informe presentado por el Gobierno Vasco articula cinco grandes argumentos legales para justificar la negativa a aceptar las liquidaciones.
En primer lugar, critica la ausencia de un debate técnico previo antes de elevar la propuesta al Consejo Interterritorial. Según el Ejecutivo autonómico, durante la reunión preparatoria celebrada el pasado 3 de julio no se abordó el contenido de las liquidaciones ni se permitió un análisis detallado de las mismas. Asimismo, denuncia que continúa paralizada la creación del grupo de trabajo técnico acordado en 2025 para estudiar una reforma integral del sistema.
El segundo bloque de argumentos se refiere a la evolución normativa del Fondo de Cohesión Sanitaria. El informe sostiene que las sucesivas modificaciones introducidas mediante las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado han alterado progresivamente la naturaleza original del fondo, incorporando cambios sustanciales a través de normas presupuestarias de carácter temporal en lugar de hacerlo mediante una regulación específica. Esta situación, según los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, ha generado una acumulación de saldos pendientes y un escenario de creciente inseguridad jurídica.
Respecto al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), el documento advierte de que continúa sin desarrollarse reglamentariamente desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, lo que implica que buena parte de los criterios utilizados para fijar las compensaciones económicas se establecen mediante acuerdos de órganos de coordinación sin una cobertura normativa suficiente.
El informe también alerta sobre una posible extralimitación competencial de determinados órganos administrativos, al considerar que han adoptado decisiones con efectos jurídicos relevantes sin disponer del rango normativo necesario para ello. Finalmente, el Ejecutivo vasco cuestiona que el sistema continúe funcionando bajo un régimen transitorio prolongado durante años como consecuencia de las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, una situación que, en su opinión, no puede consolidarse indefinidamente como marco regulador permanente.
Respaldo de Madrid
La posición defendida por Euskadi encontró respaldo durante la reunión del Consejo Interterritorial por parte de la Comunidad de Madrid, que manifestó igualmente sus reservas respecto al marco jurídico que regula las liquidaciones del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial.
En opinión de Alberto Martínez, el hecho de que otras comunidades autónomas compartan estas objeciones demuestra que las críticas no obedecen a intereses particulares, sino que reflejan una preocupación creciente sobre la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la equidad del sistema de financiación sanitaria.
Pese al rechazo de las liquidaciones, el consejero reiteró la voluntad del Gobierno Vasco de seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad y con el resto de comunidades autónomas para modernizar los mecanismos de compensación entre territorios. No obstante, subrayó que cualquier reforma deberá sustentarse en una regulación clara, estable y consensuada que garantice tanto la seguridad jurídica como un reparto equitativo de las obligaciones económicas entre las administraciones públicas.
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