Recientemente se publicaba la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la nulidad de pleno derecho del Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Es decir, el sistema de evaluación vigente que impulsó la Dirección General de Cartera Común y Farmacia en el año 2020. Tras la misma, la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch ha declarado que “supone una oportunidad única para llegar a una solución de consenso entre todas las administraciones públicas implicadas de forma que se eviten reevaluaciones de medicamentos innecesarias que pueden suponer una demora o restricción en el acceso a la innovación y que están ocasionando un claro perjuicio para los pacientes en España”.
Estas declaraciones surgen en un momento en el que España está viviendo problemas tanto en la disponibilidad de fármacos, como con los tiempos de demora en su acceso. Todo ello sumado a diferencias en el acceso por comunidades autónomas.
«En ocasiones, las diferencias en el acceso tienen su origen en los informes de reevaluación de los medicamentos llevados a cabo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica autonómicas”, recuerda Bosch.
Reevaluaciones de medicamentos innecesarias
Cabe recordar que los IPT se habían convertido en un informe obligatorio para adoptar las decisiones de financiación. Esto provocaba que el procedimiento se alargara en exceso, impidiendo el cumplimiento del plazo de 180 días previsto en la Directiva de Transparencia. Además, se introdujo la evaluación económica en el IPT, de forma que el posicionamiento terapéutico del nuevo fármaco dependía no solo de los resultados clínicos, sino también de su coste.
Ahora, la sentencia de la Audiencia Nacional, que declara la nulidad de pleno derecho el Plan, tanto por cuestiones formales como de fondo, deja claro que los Informes de Posicionamiento Terapéuticos han de ser elaborados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y circunscritos a la evaluación técnico-científica del beneficio clínico comparado de los medicamentos, sin que puedan tener un contenido económico«, ha indicado Anna Bosch.
La sentencia de la Audiencia Nacional debe considerarse por tanto, según la portavoz de Farmaindustria, como «una oportunidad para acometer una nueva regulación de los IPT que se incorpore adecuadamente al ordenamiento jurídico el Reglamento europeo de evaluación de tecnologías (HTA). Todo ello con el objetivo añadido de impedir reevaluaciones de medicamentos innecesarias.
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