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miércoles, 15 de abril de 2026

La disparidad autonómica en la vacunación por VRS pone en riesgo a colectivos de alto riesgo

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) puede causar enfermedad respiratoria leve en adultos sanos, pero en personas mayores y con patologías puede producir bronquitis, neumonía, hospitalización y hasta fallecimiento.

Según la doctora María Fernández Prada, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Vital Álvarez Buylla, Asturias, la vacunación en adultos frente al VRS busca reducir la enfermedad respiratoria grave, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas. “Esta vacuna tiene el principal objetivo de, sobre todo, evitar la hospitalización por virus respiratorio sincitial en personas de sesenta años en adelante, con una eficacia superior al 83 %”, resalta la especialista.

Inequidad en la vacunación por comunidades

Según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), nueve comunidades autónomas no han incluido la vacuna frente al VRS en adultos. Se trata de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja y Asturias.

“Las comunidades autónomas que sí han incluido esta vacuna se ha hecho para el grupo de personas institucionalizadas. Unas comunidades autónomas a partir de los 50 años, otras comunidades autónomas a partir de los 60 años, y otras comunidades autónomas han sido capaces también de incorporar esta vacuna en algunos grupos de riesgo en concreto”, asevera la doctora Fernández.

Optimización de resultados individuales y poblacionales

El calendario vacunal fue aprobado por el Consejo Interterritorial en noviembre de 2025. Y en él se incluye la vacuna exclusivamente para colectivos de muy alto riesgo: pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con mayor riesgo.

Según la doctora Fernández, con vacunas autorizadas que han demostrado eficacia y un perfil de seguridad aceptable, su administración en mayores de 60 años y en adultos con patologías reduce la carga clínica y la presión sobre el sistema sanitario. Sin embargo, la implantación es desigual.

Por tanto, una incorporación homogénea, con financiación pública y despliegue desde Atención Primaria y residencias, es una medida de equidad y prevención que optimiza resultados individuales y poblacionales.

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