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jueves, 6 de noviembre de 2025

El tratamiento residencial público en salud mental reduce significativamente la mortalidad tras el alta

La calidad de los programas residenciales en salud mental sigue siendo un tema crítico dentro de los sistemas públicos de atención. Una investigación publicada en la revista JAMA Psychiatry aporta nueva evidencia sobre la eficacia comparativa entre la atención residencial ofrecida directamente por hospitales públicos y la atención comunitaria contratada con financiación pública. Los resultados revelan una reducción significativa de la mortalidad en el año posterior al alta entre los pacientes tratados en instituciones propias del sistema sanitario.

Un diseño comparativo con gran rigor metodológico

El estudio utilizó un modelo de casos y controles con emparejamiento por puntuación de propensión, basado en una amplia base de datos administrativa. Esta metodología permitió comparar de forma equilibrada los resultados entre pacientes dados de alta de programas residenciales públicos y aquellos que recibieron atención en centros comunitarios financiados con fondos del sistema. Los análisis ajustaron variables sociodemográficas, diagnósticos médicos y psiquiátricos previos, y uso reciente de servicios de urgencias, garantizando comparabilidad entre grupos.

Los resultados fueron consistentes: quienes recibieron tratamiento residencial directo en hospitales públicos mostraron una mortalidad significativamente menor a los 9 y 12 meses del alta, con una reducción relativa de hasta un 27%. Estas diferencias se mantuvieron tras los ajustes estadísticos, sugiriendo que los resultados no dependen exclusivamente de las características iniciales de los pacientes.

La atención directa ofrece un mayor control clínico y continuidad asistencial

Los autores proponen que la menor mortalidad observada podría explicarse por una mayor integración de servicios dentro de las estructuras hospitalarias públicas, que facilitan la continuidad terapéutica y el seguimiento tras el alta. En los entornos comunitarios financiados externamente, en cambio, la fragmentación asistencial y la menor supervisión clínica pueden contribuir a resultados menos favorables.

La capacidad de los hospitales públicos para coordinar atención médica, farmacológica y psicoterapéutica bajo un mismo marco institucional podría representar una ventaja determinante en la prevención de recaídas y eventos adversos posteriores. El estudio también sugiere que los programas residenciales públicos mantienen protocolos más estandarizados y criterios de alta más rigurosos.

Implicaciones para la organización y financiación de los servicios de salud mental

Estos hallazgos invitan a reconsiderar la expansión de los convenios con centros comunitarios privados para cubrir la demanda de atención residencial. Aunque la atención externalizada puede aumentar la accesibilidad, los resultados indican que la calidad y los resultados clínicos deben tener prioridad en la planificación del sistema.

Desde una perspectiva de salud pública, garantizar la calidad de la atención residencial directa puede traducirse en una disminución global de la mortalidad y en un uso más eficiente de los recursos. Los autores del estudio advierten, no obstante, que es necesaria una evaluación económica complementaria para determinar el equilibrio entre costo y beneficio en ambos modelos.

Hacia una evaluación integral del impacto de los programas residenciales

El trabajo publicado en JAMA Psychiatry pone de relieve la necesidad de estudios adicionales que profundicen en los mecanismos detrás de esta diferencia en mortalidad. Factores como la intensidad del tratamiento, la preparación para el alta y el acceso a seguimiento ambulatorio podrían desempeñar un papel relevante.

En conjunto, los resultados fortalecen la evidencia a favor del tratamiento residencial directo dentro de los hospitales públicos especializados como estrategia efectiva para mejorar la supervivencia a mediano plazo tras el alta en salud mental. Este enfoque, más que una cuestión de infraestructura, representa una reafirmación del valor clínico de la atención integrada, continua y basada en evidencia.

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