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viernes, 6 de agosto de 2021

Sociedades médicas denuncian la externalización de la vacunación en la Comunidad de Madrid al tiempo que se ‘cierran centros de salud’

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), junto con las 17 sociedades federadas; la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), en la que se integran 10 sociedades científicas; y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) se han posicionado este viernes en relación con la iniciativa de traspasar la gestión de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a empresas privadas para que presten servicios “que son propios del Sistema Nacional de Salud y, en concreto, del primer nivel asistencial, Atención Primaria”.

“Al conjunto de profesionales a quienes representamos, la decisión de trasladar a la esfera de la empresa privada no vinculada al mundo sanitario los mecanismos de vacunación implementados y algunas otras prestaciones alrededor de la pandemia que han sido externalizadas, les resulta preocupante y sorprendente por el hecho de haber sido testigos del cierre de centros de salud, al mismo tiempo se ponían en marcha estos espacios”, señalan en un comunicado.

Por tanto -continúan-, no es de extrañar que se perciba como algo insólito trasladar un servicio esencial y básico de la esfera pública a la privada, sin que además se hayan justificado la pertinencia y adecuación de dicha medida.

Riesgos

Desde la semFYC, SESPAS y SEMPSPH también se apuntan los riesgos y deficiencias en el ámbito de la gestión de recursos que representa la decisión de externalizar en empresas privadas la vacunación de la población.

Para estas sociedades y sus federadas, esta decisión supone:

  1. Un primer paso en la derivación hacia sistemas asistenciales duplicados que no implican mejoras en la gestión de los pacientes, sino que apuestan por un modelo de atención sanitaria fragmentado.
  2. Una anulación de la continuidad de atención: uno de los valores fundamentales del sistema sanitario público, que nos iguala a todas las personas.
  3. Perjudica la calidad de los registros y, por lo tanto, atenta contra la seguridad de las personas por la previsible dificultad en la comunicación de los registros clínicos entre un sistema y otro, con el consiguiente posible incremento de eventos adversos.
  4. Un paso más hacia la visión mercantilista de la salud, incorporando al Sistema Nacional de Salud entidades con ánimo de lucro que nada tienen que ver con el ámbito de competencias profesionales de la salud ni la prestación de servicios sanitarios, ni versadas en la realización de actos sanitarios.
  5. Una minusvaloración de nuestros profesionales, formados, capacitados y reconocidos en todo el mundo, así como de espacios de atención estables, seguros, dotados de recursos públicos ya existentes: los centros de salud de Atención Primaria, a los que les son propias las campañas de vacunación.
  6. Externalizar servicios sanitarios y trasladar la inversión a entidades privadas por designación, en detrimento, en este caso, de una Atención Primaria, crónicamente subfinanciada, constituye un hecho falto de transparencia.
  7. Se trata de un paso más hacia el desmantelamiento de la Atención Primaria, cuya destrucción pone en riesgo no solamente la sostenibilidad de todo el sistema sanitario público, sino también su carácter universal y público, como se ha venido denunciando en los diversos comunicados y posicionamientos que se han ido realizando desde semFYC, SESPAS y SEMPSPH.

 

“Es, en definitiva, una decisión propia de países en vías de desarrollo y contraria a las recomendaciones internacionales de afrontamiento pandémico, que abogan por un fortalecimiento de la Atención Primaria y que va en contra del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria aprobado en Consejo Interterritorial en 2019[1]”.

Modelo eficiente

En la Comunidad de Madrid se están cerrando centros de salud, se están reduciendo sus horas de atención y solo algunos de ellos participan de la campaña vacunal, mientras se traspasa a empresas privadas la administración de vacunas. El modelo de Atención Primaria del sistema público, bien gestionado, es altamente eficiente, tal y como demuestran numerosos estudios, y muy recientemente datos provenientes de Alemania, según los cuales el 85 por ciento de los casos de la primera ola vivida por este país fueron abordados desde AP con excelentes resultados. Así lo indica el informe “COVID-19, Health system responses monitor” de la Comisión Europea.

Plan de contingencia europeo

En el comunicado se apunta, además: En último término, y tal y como señala el estudio europeo recientemente publicado en la revista científica Atención Primaria, “la incertidumbre sobre qué ocurre con la rápida propagación de las nuevas variantes COVID más contagiosas o las futuras mutaciones, plantea la necesidad de la revacunación futura o estacional, así como el escepticismo sobre la cobertura vacunal a largo plazo y la posible existencia de portadores asintomáticos. Por lo que es fundamental asegurar el seguimiento y la eficacia de las campañas de vacunación y proporcionar la evidencia necesaria que justifique este tipo de medidas sin incrementar las inequidades”.

Y concluye: “Es necesario desarrollar un plan de contingencia de AP a nivel europeo para responder adecuadamente desde este nivel de atención a futuras olas de pandemia y campañas de vacunación”. En ese sentido se apunta que un grupo de expertos mundiales está trabajando en un documento de recomendaciones que estará listo en septiembre de 2021, con propuestas concretas de inversión en recursos humanos en los sistemas de salud.

Reclamaciones

Por todo ello, la semFYC, SESPAS y SEMPSPH reclaman:

  1. Sobre la planificación establecida dentro del Sistema Nacional de Salud y para el adecuado cumplimiento de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, que se determinen los estándares de calidad de la campaña de vacunación en el Consejo Interterritorial.
  2. El refuerzo, particularmente en la Comunidad de Madrid, de personal y recursos para poder responder a las necesidades de salud de la población asignada a cada uno de los equipos de Atención Primaria de Salud, de tal modo que puedan prestar con garantías aquellos servicios que le son propios, como la vacunación de la población, la salud comunitaria, la ratio adecuada de pacientes por profesional, el necesario tiempo de dedicación a la cronicidad.
  3. El consenso de medidas de base que impidan el cierre de centros de salud de Atención Primaria para derivar su servicio hacia empresas privadas, vinculando a estas medidas las transferencias económicas que se produzcan desde el Estado como ayuda frente a la pandemia.

 

Y por todo ello, solicitan que en el próximo Consejo Interterritorial que se celebre se aborde este paquete de protección de la calidad asistencial a la población, incluso en contexto pandémico y se trate con urgencia la agonizante situación de la Atención Primaria en todo el Estado.

 

[1] Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que publica el Marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. https://ift.tt/3yurdA0

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