La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha señalado que “hoy por hoy, no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de la vacunación”. “Todo lo contrario. Más del 80 por ciento de la población española, según las últimas encuestas, acepta estas vacunas mayoritariamente. Sería un porcentaje suficiente para conseguir inmunidad de grupo”.
Según la SEE, cuando una persona se vacuna se protege a sí misma y, a la vez, protege a los demás. Desde el punto de vista ético, la obligatoriedad de la vacunación solo tiene sentido si hay un rechazo importante de la población a recibir una vacuna para la que hay pruebas fehacientes de su eficacia y seguridad y si ese rechazo impide que se pueda lograr la inmunidad colectiva necesaria para frenar la circulación del agente infeccioso. La obligatoriedad solo tiene sentido si la protección del bien común tiene que hacerse a costa necesariamente de no respetar las decisiones individuales de los contrarios a vacunarse. Pero ese no es el caso de la vacunación frente a la COVID-19.
La obligatoriedad de la vacunación puede ser contraproducente
La SEE ha publicado un comunicado como respuesta a algunas administraciones sanitarias que han planteado la posibilidad de modificar su normativa para sancionar económicamente a las personas que no se vacunen contra la COVID-19. “La legislación española permite que las autoridades puedan imponer la obligatoriedad de la vacunación en determinadas circunstancias. Está menos claro que una comunidad autónoma pueda hacerlo unilateralmente en todo su territorio, sobre todo si su situación es mejor que otras muchas”.
La SEE ha recordado la obligación de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas de “persuadir y convencer” a quienes tengan reservas contra la vacunación. Deben explicarles “los enormes beneficios” que aportarán a todos frente a unos riesgos muy pequeños a que se exponen. “El recurso a medidas punitivas u obligatorias puede generar una desconfianza muy poco aconsejable para la gestión de la pandemia”.
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