La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha analizado en un comunicado cuál ha sido la aportación económica de los pensionistas a la prestación farmacéutica el pasado 2018, comparando con las cifras de 2012, antes de que aplicasen las medidas del RDL 16/2012. En concreto señala que en primer lugar, los pensionistas pagaron 598,3 millones de euros en copagos, mientras que por otra parte, pagaron otros 488,7 millones por fármacos que perdieron la financiación pública. De esta forma concluye que este grupo de población puso de su bolsillo 1.087 millones más que antes de 2012 no tenían que pagar.
Ante la exposición de estos datos, AAJM reflexiona que la propuesta de presupuestos del Estado del Gobierno socialista para reducir progresivamente el copago farmacéutico “iba en la buena dirección”.
Causas de este aumento
Analizando con más precisión, en cuanto a los medicamentos desfinanciados, AAJM calcula que su precio medio ha aumentado en este periodo “de forma considerable”. De una media de 4,92 euros por envase han pasado a una media de 9,34 euros por envase, lo que supone una subida del 90 por ciento, argumentan. Además señalan que “en ese mismo periodo (diciembre 2012-diciembre 2018), el IPC subió un 3,1 por ciento. No parece razonable”. Citando ejemplos concretos, recuerdan la decisión del Ministerio de Sanidad de rechazar un nuevo incremento del precio de ‘Fortasec’ (antidiarreico), que ha aumentado su precio un 217 por ciento desde 2012.
Por otra parte, en lo referente a lo que ha supuesto el copago para los pensionistas, agregaban que según cifras del Barómetro Sanitario de 2018, un 3 por ciento de la población no pudo comprar algunos de los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública. “Aunque esta proporción se ha reducido desde 2017, siguen siendo demasiadas personas. Muchas no han podido comprar los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública por dificultades económicas. Muchas personas con pensiones bajas, con cargas familiares (hijos o nietos en paro que necesitan su ayuda para comer y para otros gastos), han tenido que prescindir de alguna de sus medicinas”, comentan.
De esta forma, concluyen que de cara a las próximas elecciones “es bueno que el Gobierno sea firme en la defensa de los intereses de los pacientes y del conjunto de la sociedad”.
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