El sindicato mayoritario en el Servicio de Salud Vasco (SVS)-Osakidetza denuncia que la precariedad laboral en la mayor empresa de Euskadi se sitúa actualmente en el 40 por ciento, ya que cuenta con 15.000 personas contratadas de forma temporal.
Para la central, en la Sanidad vasca la eventualidad y esta forma de contratar son sistemáticas. “Es una práctica normal por motivos coyunturales, sin embargo, las profesionales contratados tienen que llevar a cabo funciones habituales en puestos que son estructurales”, censuran.
Desde la organización recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ya ha considerado esta fórmula de contratación como fraudulenta.
Consideran en ELA-STV que esta práctica no es un problema de límites legales, sino que la Dirección del Servicio Vasco de Salud carece de voluntad política firme para regularizar la situación de los trabajadores de la Sanidad pública vasca. En este sentido, piensan que la alta temporalidad obedece a la intención de Osakidetza de privatizar servicios, lo que no le ha impedido “destruir más de 3.000 plazas sanitarias”.
Por este motivo, el sindicato vasco ha recalcado que continuará poniendo en marcha todas las iniciativas posibles para trabajar por un modelo sanitario en el País Vasco que se base en la estabilidad de las plantillas y que termine con la alta precariedad actual. “Será el único modo para conformar un sistema sanitario público y de calidad que se merece la sociedad vasca”, subrayan con convencimiento.
Nuevo revés judicial
Y es que a Osakidetza le llueven los problemas. Sin recuperarse aún del escándalo provocado entre los propios sanitarios y la población en general sobre la fallida OPE por las filtraciones de los exámenes en tres categorías, ahora la Justicia ha vuelto a condenar al Servicio Vasco de Salud por fraude de contratación personal.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obliga a la Administración sanitaria a readmitir a una trabajadora que había sido cesada al considerar que se trataba de un contrato fraudulento. El TSJP se basa en la doctrina del Tribunal Supremo en otra sentencia en la que también falló contra Osakidetza por un caso similar.
El alto tribunal ha dado la razón al sindicato ELA, al tiempo que condena a la Sanidad vasca por realizar un contrato temporal a una profesional en condiciones ilegales. “Uno de los cientos que tiene y cuyas resoluciones se le pueden volver en contra”, indican a EL MÉDICO INTERACTIVO desde fuentes sindicales con representación en la mesa sectorial.
Tal y como indica ELA, la sentencia reconoce explícitamente el abuso de la contratación temporal del SVS y para ello se basa en un procedimiento comenzado a instancias de la propia central en la también sentenció contra Osakidetza por “fraude y abuso” en la contratación temporal.
Esta central es una de las más beligerantes contra el sistema de contratación que lleva a cabo Osakidetza. De forma sistemática viene denunciado el abuso de los contratos temporales, que concluye en numerosos casos en fraude que no puede pasar sin consecuencias.
ELA ha mostrado su satisfacción porque el TSJPV avala en la resolución la postura que ha mantenido, al tiempo que afea que la Dirección sanitaria use los contratos temporales para trabajos diferentes para los que tienen que responder.
Médicos denuncian restricciones en AP
Por otro lado, los médicos de Atención Primaria (AP) de los centros de salud vascos, así como enfermeros y personal administrativo denuncian la difícil situación que atraviesan por la falta de tiempo para atender a los pacientes, la falta de personal y la “excesiva” burocracia.
El Foro Lehen Arreta Arnasberritzen, creado en 2017 por un grupo de facultativos de AP, está convocando distintas movilizaciones de protesta, al tiempo que critican la ausencia de autonomía en la gestión y organización de los equipos de Atención Primaria; las restricciones en el gasto sanitario y los nuevos contratos “inestables y precarios”, según informa dicho foro en un comunicado.
Además de las reivindicaciones, este foro, integrado en la actualidad por 600 personas, se plantea también como objetivo elaborar propuestas “constructivas” para mejorar la calidad en la AP y devolver “la dignidad” a los trabajadores.
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