“Estamos trabajando en un Marco Estratégico para la Mejora de la AP de Salud, relegada durante estos últimos años, recuperando y dinamizando su papel en la sociedad actual, que debe fijar sus prioridades en las políticas de salud pública y en el desafío de la cronicidad”, ha señalado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en un desayuno informativo que ha tenido lugar en Madrid.
La Atención Primaria ha sufrido de manera especial el impacto de la austeridad, lo que unido al dato de que la AP resuelva más del 90 por ciento de la demanda en Sanidad y que suponga un componente del gasto sanitario con fuerte capacidad redistributiva, justifica, en palabras de la Carcedo, el desarrollo del “Marco Estratégico para la Mejora de la AP de Salud”. Con él se pretende consolidar una política de Recursos Humanos que garantice la continuidad de la AP y contribuya a su modernización con tecnología, mejora de la formación, mayor investigación, y atención en áreas como la cronicidad y la salud pública.
Durante su intervención en el acto, organizado por Nueva Economía Fórum, ha comunicado el trabajo del Ministerio en el ámbito de sus competencias para superar los desequilibrios territoriales profesionales, especialmente médicos. En este sentido, ha destacado la convocatoria de la Comisión de Recursos Humanos para el 23 de enero de 2019. “Existe déficit de profesionales y sobre todo un desequilibrio con carencias en hospitales comarcales y zonas rurales. Para ello, estamos acelerando el incremento de plazas MIR especialmente en AP y Pediatría y recuperando expedientes retrasados en cuanto a nuevas plazas de formación”. Ha explicado también que el Ministerio se ha reunido con seis Comunidades Autónomas y les ha informado de la resolución de 325 expedientes, que vendrá a significar un aumento en las unidades docentes del SNS de 332 médicos residentes, 124 EIR, 12 PIR y 1 FIR, y se continuará trabajando con el resto de CC.AA. para acreditar más plazas.
Otras iniciativas recordadas por la ministra han sido el RD de prescripción enfermera aprobado en octubre o la pretensión del Gobierno de revertir los recortes para garantizar la estabilidad presupuestaria, y ha destacado las diferentes estrategias del Ministerio para recuperar hábitos saludables desde la infancia y la juventud en materia de nutrición, salud sexual y reproductiva o prevención del tabaquismo. Asimismo, ha informado de la próxima aprobación de la Ley para la protección de la infancia y la adolescencia, y ha señalado la elaboración del Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias.
El SNS como actor económico
Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) constituye en opinión de Carcedo un potente actor económico. La inversión en sanidad supuso en 2016 el 6 por ciento del PIB y una inversión pública de 67.600 millones de euros. Por su parte, la inversión en tecnología sanitaria alcanza los 7.500 millones de euros, de los que 5.200 los invierte el sector público. Este sector genera más de 24.000 empleos entre directos e indirectos, “en su mayoría cualificado y de calidad”. En 2017 se emplearon en el SNS alrededor de 490.000 personas.
Según la revista The Lancet, el SNS español es uno de los mejores del mundo, destacando tanto por diferentes indicadores de salud como por la esperanza de vida que, de acuerdo con dicha publicación, será la mayor del mundo en 2040. Otros indicadores fiables en materia de calidad se resumen, según la ministra, en una de las más bajas tasas de mortalidad infantil, ser líder en trasplantes o en términos de confianza ciudadana. Sin embargo, medidas como la desuniversalización del SNS, los recortes en dependencia y servicios sociales o en AP –“una de las partidas que más sufrió”- y la introducción de los copagos, han tenido un fuerte efecto regresivo. Como factores que hacen sospechar que España no lo hace demasiado bien están, en opinión de Carcedo, los altos indicadores en resistencia bacteriana, la obesidad infantil, el deterioro cognitivo o el incremento en el consumo de tabaco y alcohol en 2017.
Copago
Para la ministra, el gasto sanitario y social en prevención supone un ahorro futuro. Los hábitos de vida negativos son la principal causa de enfermedades crónicas, que suponen el 70 por ciento del gasto sanitario y originan el 80 por ciento de las consultas de AP y el 50 por ciento de hospitalizaciones. Según autores, “el gasto destinado a farmacia y a AP es el que tiene más potencia redistributiva”.
Entre las medidas del Ministerio de Sanidad para lograr que nuestro sistema sanitario, de atención a la dependencia y los servicios sociales contribuyan al impulso de la economía, María Luisa Carcedo ha mencionado el RD que restituye la asistencia sanitaria como derecho universal, o la eliminación del copago farmacéutico en el contexto de los presupuestos generales de 2019 para pensionistas y los activos con hijos a cargo, que tengan rentas inferiores a 9.000 euros.
Actuar contra la desigualdad
“Más allá de consideraciones éticas o morales, invertir en políticas sociales y sanitarias en el contexto actual es económica y socialmente beneficioso. No hacerlo resulta no solo injusto, sino sobre todo miope y torpe”, ha destacado. En su repaso por las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio, ha hecho especial hincapié en la lucha por la desigualdad, un importante reto al que tanto Europa como España deben prestar atención, “pues de no hacerlo podría lastrar nuestro futuro inmediato”.
Se ha demostrado la relación entre la desigualdad y la incidencia de numerosos problemas que, además de empeorar la vida de los ciudadanos, incrementan el gasto público, aumentan las necesidades en salud y suponen un desperdicio de talento. “La desigualdad puede convertirse en un círculo vicioso que tenderá a agravarse si no se actúa contra ella, nos hará social y políticamente más inestables y económicamente vulnerables”, y ha matizado: “Es importante que los políticos seamos honestos y expongamos los desafíos a los que nos enfrentamos para encontrar soluciones”.
Según el Informe sobre Desigualdad de la Fundación Alternativas, que acaba de ver la luz, “los indicadores medios de desigualdad del último lustro son los más elevados de los últimos 50 años”. Y, en comparación con otros países, España presenta tasas superiores a ellos. Otros estudios señalan que, gracias a las políticas sociales, el sistema de protección social español habría sido capaz de disminuir casi un 52 por ciento la pobreza y cerca de un 34 por ciento la desigualdad. Sin embargo, es torpe a la hora de reducir la pobreza infantil, y solo lo hace en un 23 por ciento, frente al 60 por ciento de otros países. Además, España figura en un mal lugar en sus indicadores sociales. El Índice Europeo de Justicia Social, indica que en 2017 nuestro país ocupó el puesto 24 de 28, “un lugar que no nos corresponde”.
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