La consejera de Salud el Gobierno vasco, Nekane Murga, escucha a los sanitarios de la AP (Atención Primaria), a los que ha tendido la mano tras sus distintas protestas “en defensa de la Sanidad pública”.
En los últimos días, los profesionales han visibilizado su malestar “por la escasez de personal” y su preocupación ante la situación generada por el coronavirus.
Murga les ha recordado que su Ejecutivo ha acordado la ampliación de 110 plazas para la AP vasca. “Les escuchamos, estamos con ellos, son una prioridad para nosotros”.
Afirma que “este verano, cualquier profesional médico de AP, de familia o enfermera que quiera trabajar, sabe que, si viene a Osakidetza, tiene un contrato”.
Movilizaciones
Desde el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han mostrado su satisfacción por el importante seguimiento de las concentraciones que realizan las centrales antes los hospitales y centros de AP vascos. Con ellas denuncian las políticas de recortes del Gobierno vasco y el debilitamiento progresivo de la Sanidad pública.
Critican todos los sindicatos la actitud de la gerencia de distintos centros impidiéndoles el ejercicio de su legítimo derecho de manifestación y reunión, que no ha quedado en suspenso por la pandemia.
“Han alegado motivos de seguridad para no dejarnos concentrarnos frente a determinados hospitales”, indican fuentes del SME.
Sostienen que la plantilla está exhausta, física y psicológicamente, con una profesional fallecida; más de 2.000 profesionales contagiados/as por la falta de medidas de protección.
Además, subrayan, el contagio de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza ha llegado alcanzar el 18% del total de positivos que, en algunas OSIs, han subido al 20% de la plantilla total.
Pasos en común de las centrales
Los representantes sindicales pondrán en común los pasos a seguir, pero piden que el Gobierno cambie ya de raíz sus políticas públicas en Sanidad. Entre las medidas urgentes, destacan una partida presupuestaria para la Sanidad pública que se equipare a la media de la UE.
En empleo piden un aumento de la plantilla, con la incorporación a la plantilla estructural de los empleos ocultos en fraude y consolidación de los eventuales que eviten su fuga de Osakidetza.
Del mismo modo demandan la reversión de todos los recortes: recuperación del poder adquisitivo, el desarrollo profesional y primas de jubilación anticipada.
Exigen también medidas para garantizar la salud y la seguridad del personal, tanto ante un eventual rebrote del coronavirus, como en su labor diaria: material de protección suficiente y adecuado para todas las categorías.
Además, demandan la valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y la adopción de medidas preventivas y de protección; evaluación de riesgos psicosociales, incluyendo los derivados de las cargas de trabajo, y adopción de medidas correctoras.
Osakidetza: la falta de EPI fue “puntual y limitada”, insiste Murga
Osakidetza ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha establecido que la falta de equipos de protección individual para su personal durante la pandemia de COVID-19 fue “puntual y limitada” y que su gestión para la provisión de material no puede ser calificada “ni de insuficiente ni de antijurídica”.
El Servicio Vasco de Salud (SVS) ha reaccionado así después de que el sindicato ESK informara que el TSJPV había resuelto en una sentencia que el SVS incumplió la normativa en materia de prevención de riesgos laborales durante la crisis sanitaria.
En la sentencia de la Sala de lo Social fechada el pasado día 1, el tribunal atiende en parte la reclamación de la central e indica que el COVID-19 representa “un riesgo laboral grave e inminente” para los trabajadores de Osakidetza y que este servicio, como empresario, incumplió la ley de riesgos laborales en cuanto a prevención y vigilancia de la salud.
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