La Fundación IMAS pide una estrategia nacional para proteger la salud del profesional sanitario

La Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) considera necesaria la creación de “una estrategia nacional para proteger al personal sanitario”. Es una de las conclusiones del Informe ‘Los Profesionales Sanitarios frente a la COVID-19. La reforma necesaria del Sistema Nacional de Salud (SNS)’, realizado con las respuestas de 2.495 profesionales sanitarios. “Esta estrategia debería estar dotada de recursos económicos para poder cumplir sus objetivos”, indica el informe.

El informe ha sido presentado por Carlos Macaya, presidente de la Fundación IMAS y jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Carlos de Madrid, y Javier Elola, director de la Fundación IMAS.

Enfocar el futuro hacia la salud pública y comunitaria

Según las conclusiones de la encuesta, los profesionales sanitarios indican que el futuro del sistema sanitario público pasa por enfocarlo a la salud pública y comunitaria. Sería todo lo contrario que están haciendo en la actualidad, con una asistencia centrada en el hospital. En este sentido, Macaya y Eloza se han referido a la Comisión para la reconstrucción económica y social creada en el Congreso de los Diputados: “Ojalá los políticos lleguen a un pacto de estado por la Sanidad y el Sistema Nacional de Salud”, ha dicho Carlos Macaya.

“El problema de ese pacto es el contenido y si va a contemplar todos los retos del SNS. En la actualidad hay cierta desafección de los profesionales sanitarios respecto a las Administraciones sanitarias, tanto la central como las autonómicas. También observan falta de gobernanza del SNS. Los políticos pueden llegar a un acuerdo entre ellos, pero es necesaria la participación de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios. Esperamos que los políticos se hagan eco de nuestras necesidades, aunque lo vemos difícil”, ha manifestado el presidente de la Fundación IMAS.

Asimismo, Carlos Macaya ha considerado “fundamental” que los políticos comprendan la necesidad de entender la Sanidad pública como “la integración de la asistencia sanitaria, el espacio sociosanitario, así como otros elementos determinantes de la salud relacionados con el trabajo, las pensiones, etc.”.

Para Javier Elola, “el pacto es absolutamente necesario”, pero debe adherirse al criterio de gobernanza que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No solo los gobiernos deben participar en la gestión del sistema, sino también los demás agentes interesados: los ciudadanos o pacientes, y los profesionales sanitarios. Hasta que no se incorporen estos agentes en las instituciones de gobierno del SNS, no podremos hablar de pacto”.

Datos destacados de la encuesta promovida por la Fundación IMAS

Algunos de los datos destacados de la encuesta promovida por la Fundación IMAS, con la colaboración de diversas sociedades científicas y entidades profesionales, son

1. El 31% de los profesionales encuestados no dispuso de equipos de protección adecuados cuando los necesitó.
2. Del 69% restante, el 54% lo obtuvo posteriormente a las dos semanas después de la declaración del estado de alarma.
3. El 71% del personal opina que no hubo recursos suficientes para identificar a los profesionales contagiados.
4. La tasa de contagio por COVID-19 entre los profesionales sanitarios estimada en esta encuesta es del 16,4%, y del 26% entre las enfermeras con atención directa a pacientes COVID-19.
5. El 73% de los profesionales opina que faltaron recursos para el diagnóstico de la COVID-19 en pacientes sospechosos.
6. El 71% opina que hubo una gran capacidad de adaptación de los centros sanitarios, incluida la elaboración de protocolos para evitar el contagio de los profesionales.
7. El 83% de las respuestas apuntan a que también se gestionó bien el manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 en colaboración con distintas unidades del centro.
8. El 57% de los encuestados afirma que en sus centros de trabajo se establecieron criterios explícitos de limitar el esfuerzo terapéutico basados en la disponibilidad de recursos y las características del paciente.
9. El 82% destaca como positivo el impulso de la utilización de la telemedicina, y el 68% considera positivo el trabajo en equipos multidisciplinares.
10. La actuación del Ministerio de Sanidad recibe una nota de 3,6 sobre 10; las consejerías obtienen una media de 4,3.

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