Las caras de la Sanidad autonómica

Desde que el pasado 2 de diciembre Andalucía inaugurara el ciclo electoral, 14 de las 17 comunidades autónomas (todas menos Cataluña, Galicia y el País Vasco) han vivido unos comicios que en más de un territorio han supuesto un vuelco político, lo que ha traído caras nuevas entre los máximos responsables de las consejerías sanitarias. A ello se une que en mayo hubo también relevo en el País Vasco, con lo que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial habrá nuevos protagonistas y una mayoría de representantes de comunidades gobernadas por el PSOE.

Los cambios tras las elecciones han supuesto el adiós del consejero más veterano (el de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que estaba desde 2011), que ha sido sustituido por la primera consejera del ramo que nombra Ciudadanos en España. En este alterado mapa, varias regiones han mantenido a sus consejeros, pero sólo en tres (Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura) siguen los mismos que iniciaron la anterior legislatura, convirtiéndose así en los que más tiempo llevan en el cargo (desde 2015) junto al de Galicia. Una Galicia, por cierto, en la que tocan elecciones en 2020 al igual que en el País Vasco, lo que implica que en cuestión de meses pueden producirse nuevos cambios que modifiquen todavía más este convulso paisaje.

Las caras pueden ser nuevas pero las prioridades se mantienen, y concretarlas en cada comunidad es comprobar las muchas coincidencias existentes en toda España. La apuesta por la Atención Primaria es compartida, como también lo es la preocupación por el envejecimiento de la población con la consiguiente cronificación de patologías, a lo que se une la dispersión geográfica. Pero si hay algo a lo que todas las regionales señalan y que las trae a todas de cabeza es la infrafinanciación del sistema, una cuestión que va a ser por la que más encontronazos se producirán con el Gobierno central durante los próximos meses.

El primer encuentro de los consejeros tuvo lugar el pasado 26 de agosto cuando la ministra de Sanidad , Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, convocaba a las comunidades autónomas para intercambiar información sobre el brote de listeriosis detectado en Andalucía.

Andalucía. Jesús Aguirre (PP)

Primer consejero de Salud no socialista en la historia de la autonomía andaluza,  el especialista en Medicina Familiar, Jesús Aguirre (PP) ha sido presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y senador del Partido Popular durante varias legislaturas. Desde su llegada, su principal caballo de batalla ha sido la lucha contra las listas de espera, desatando una enorme tormenta política al asegurar que había 500.000 pacientes que no se habían contabilizado, poniendo en marcha un plan de choque específico.

Desde que tomó posesión a finales de enero, cada vez que ha tenido ocasión ha cargado contra lo que considera nefasta gestión de los anteriores gobiernos socialistas, lo que le ha llevado a duros choques en el Parlamento. Durante estos meses se han puesto en marcha medidas, la mayoría todavía en fase inicial, como la liquidación de la subasta de medicamentos, la ampliación voluntaria de la edad de jubilación o el pago de la exclusividad aunque se trabaje en el sector privado, a lo que se une la crisis que ha tenido que afrontar en pleno agosto por el grave brote de listeriosis. Entre los anuncios: “un ambicioso plan de apoyo a los profesionales que contempla medidas como el aumento del 2,25 por ciento de las retribuciones, la recuperación del 5 por ciento de la retribución variable y el incremento de 127 plazas MIR”.

Aragón. Pilar Ventura (PSOE)

En el cargo desde julio de 2018, cuando dimitió Sebastián Celaya, la socialista Pilar Ventura se mantiene como consejera en uno de los gobierno más complejos, ya que es fruto de un pacto del PSOE con Podemos, PAR y Chunta, una alianza a la que hay que sumar el respaldo parlamentario de IU. Licenciada en Derecho, a Ventura ya le ha indicado su presidente, Javier Lambán, que los objetivos fundamentales tienen que pasar por la reducción de las listas de espera y el impulso a las infraestructuras sanitarias, culminando los hospitales de Teruel y Alcañiz y poniendo el acento en la necesaria mejora tecnológica.

Aumentar los recursos de Atención Primaria es otra de las prioridades marcadas, como también lo son el desarrollo completo del Plan de Salud Mental (vigente hasta 2021) y la mejora de los servicios sanitarios en determinadas zonas rurales para así garantizar de manera efectiva que todos los aragoneses tengan acceso a una Sanidad pública y gratuita. A esto hay que sumar la aplicación efectiva de la jornada laboral de 37 horas semanales en el Servicio Aragonés de Salud, un compromiso adquirido con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad que ahora Ventura tiene la obligación de desarrollar de manera plena.

Canarias. Teresa Cruz Oval (PSOE)

El bautizado como Pacto de las Flores entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera dejaba a Canarias con un presidente socialista, que nombraba consejera de Sanidad a la también socialista Teresa Cruz Oval para tomar el relevo de José Manuel Baltar (Coalición Canaria), en el cargo desde 2017. Diplomada en Trabajo Social y experta en intervención familiar y menores, Cruz fue presidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento canario.

La nueva consejera no se ha andado por las ramas y ha asegurado que su principal reto es “combatir” la, a su juicio, mala calidad de la Sanidad canaria, ya que esto a su vez repercute en un empobrecimiento de la población. Para ello el primer paso será reforzar la Atención Primaria, para así evitar la saturación de los servicios de urgencias mientras se trabaja en la culminación de los hospitales Norte y Sur.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que la Sanidad, y muy especialmente su fortalecimiento, va a ser uno de los ejes principales de su Gobierno. Para ello, la consejera Cruz se ha comprometido a “humanizar” el sistema, a abrirlo “de arriba abajo”, a que todos los municipios tengan acceso a servicios de urgencia y a poner la lupa en cuestiones como las listas de espera para conocer su estado real.

Cantabria. Miguel Rodríguez Gómez (PSOE)

El pacto entre el Partido Regionalista de Cantabria y el PSOE que ha apuntalado a Miguel Ángel Revilla como presidente ha vuelto a dejar en manos de los socialistas la Sanidad, al frente de la cual se ha situado Miguel Rodríguez Gómez, médico con plaza de inspector en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que hasta ahora era gerente del Área Sanitaria de Gijón y director del Hospital de Cabueñes. Fue, asimismo, subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad entre 2007 y 2010, en la etapa de Elena Salgado como ministra. Llega al cargo en sustitución de la también socialista María Luisa Real, en el ojo del huracán por sus choques con los sindicatos y por las denuncias de contrataciones irregulares en el SCS.

Precisamente, Miguel Rodríguez hereda de la etapa de Real dos compromisos importantes: el primero, el de implantar de una vez por todas la jornada de 35 horas semanales, y el segundo el cumplimiento de los acuerdos que evitaron a última hora la huelga médica convocada a finales del pasado mes de mayo. Junto a ello, retos como reducir las listas de espera, potenciar los recursos en salud mental, afrontar el envejecimiento de la población, impulsar la Atención Primaria y mejorar tecnológicamente los principales hospitales.

Castilla-La Mancha. Jesús Fernández Sanz (PSOE)

Uno de los pocos consejeros que repite en el cargo, al que llegó en 2015 con la intención de levantar una Sanidad “dañada”. Licenciado en Medicina y Cirugía, entre los desafíos de Jesús Fernández Sanz (PSOE) está afrontar varios de los compromisos de su presidente, Emiliano García-Page, como aumentar en 2.000 profesionales la plantilla del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), elevar el presupuesto de Atención Primaria hasta que suponga el 25 por ciento de toda la inversión sanitaria e inaugurar el nuevo Hospital de Toledo en el primer semestre de 2020.

Su primera legislatura al frente de Sanidad la cerró con una reducción de las listas de espera que la Consejería cifra en un 15 por ciento y con la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Ahora se enfrenta a un reto creciente como es el de la cronicidad, muy asociado con el envejecimiento de la población, de ahí su apuesta por aumentar los recursos y sobre todo el personal de Atención Primaria. Para ello es necesario reformar un sistema de financiación que, reitera, no puede centrarse sólo en criterios poblacionales, sino que debe de tener en cuenta las necesidades y los recursos que consumen unos pacientes a los que, además, hay que atender con otros criterios porque en la actualidad están mucho mejor informados.

Castilla y León. Verónica Casado (Cs)

El pacto de gobierno con el PP dejaba la Consejería de Sanidad en manos de Cs, que designaba a Verónica Casado para dirigirla y la convertía así en la primera consejera del ramo nombrada por el partido naranja en España. Especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, y designada en 2018 por la Organización Mundial de la Medicina de Familia (Wonca) como la mejor médica del mundo, Casado había ocupado antes cargos de responsabilidad entre los que resalta el de subdirectora de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad durante la etapa de Felipe González.

Sustituta de Antonio María Sáez Aguado (PP), que era el consejero de Salud más veterano (desde 2011), Casado apuesta por reforzar la motivación de unos profesionales que, a su juicio, ahora es baja. También aboga por aumentar la financiación, potenciar la Atención Primaria y mejorar la accesibilidad al sistema. En paralelo, el vicepresidente castellanoleonés y líder de Cs en la comunidad, el médico Francisco Igea, le ponía deberes al anunciar que la primera ley que se pretende aprobar es la de muerte digna. De paso, provocaba las primeras tensiones con el PP al asegurar que en las listas de espera había casi 9.000 pacientes más de los reconocidos y que el presupuesto de Sanidad tenía un desfase de más de 800 millones de euros.

Cataluña. Alba Vergés (ERC)

El 2 de junio de 2018 tomó posesión como consejera junto con el resto del Gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra, tomando el relevo de un Toni Comín cuyo nombramiento bloqueó el Gobierno central al encontrarse en Bélgica huido de la Justicia española. Accedió al cargo así Alba Vergés (ERC), licenciada en Economía y en Ingeniería Técnica Informática y diputada desde 2012 en el Parlament de Cataluña, donde presidió la Comisión de Salud.

En cuanto a los retos de la Sanidad catalana, la propia consejera ha puesto el foco para esta legislatura en la mejora de los profesionales y el impulso a la Atención Primaria, muy conectada a su vez con otras dos líneas estratégicas: la perspectiva de género en las políticas de salud y una mejor integración social y sanitaria, no en vano un 80 por ciento de los determinantes de la salud son sociales.

Reducir burocracia, mejorar los tiempos de acceso a los servicios y desarrollar nuevos modelos de atención a las personas se apuntan también entre las prioridades de una Vergés que considera fundamental garantizar la sostenibilidad del sistema. En este sentido, considera que Cataluña sufre, en general, una infrafinanciación que también afecta y tiene su impacto en los servicios sanitarios.

Comunidad Valenciana. Ana Barceló (PSOE)

La renovación del Acuerdo del Botánico entre el PSOE y Compromís ha permitido que la socialista Ana Barceló continúe como consejera de Sanidad Universal y Sanidad Pública, un cargo al que llegó en junio de 2018 tras el nombramiento de su predecesora, Carmen Montón, como ministra. Licenciada en Derecho y diputada en las Cortes Valencianas desde 2011, fue alcaldesa del municipio alicantino de Sax entre 2003 y 2011.

Para la actual legislatura, Barceló se ha marcado los objetivos de estabilizar las plantillas y dar a los profesionales una mayor proyección, reducir las listas de espera (con oficinas de control de demora) y poner en marcha un plan de modernización de infraestructuras y tecnologías sanitarias que se desarrollará entre 2020 y 2023. A ello se une la potenciación de la Atención Primaria y la progresiva recuperación de los servicios públicos privatizados, con el departamento de salud de Dénia como siguiente paso para así culminar un proceso que se inició en abril. Asimismo, todas las personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional contarán con una nueva línea de ayudas al copago y se ampliarán los actuales servicios de atención bucodental.

Extremadura. José María Vergeles (PSOE)

José María Vergeles (PSOE), consejero desde 2015, inicia su segunda legislatura, además, como vicepresidente segundo del Gobierno extremeño. Es la manera con la que el presidente Guillermo Fernández Vara ha querido que se visualice su apuesta por unas políticas sociales simbolizada en esta Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Parlamentario desde 2015, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, asegura que su vocación inicial fue la de médico rural.

Entre sus retos figura la culminación de la Estrategia de Cronificación, que considera toda una prioridad ante un envejecimiento de la población que, a su juicio, debe afrontarse con la Atención Primaria como primera línea de combate. Este problema, además, está también muy conectado con el de la dispersión geográfica.

La falta de profesionales es otra de sus preocupaciones, una cuestión en la que ha insistido en que es necesario no sólo contar con más plazas MIR sino también homologar los títulos extracomunitarios. Para su segundo mandato se marca que los trabajadores sanitarios recuperen los derechos perdidos y, sobre todo, poner sobre la mesa la cuestión de la financiación para su resolución en el ámbito estatal, un paso imprescindible para garantizar la sostenibilidad de todo el sistema.

Galicia. Jesús Vázquez Almuíña (PP)

Jesús Vázquez Almuíña (PP), consejero de Sanidad desde 2015, llegó al cargo tras 12 años como alcalde de Baiona (Pontevedra) con la vitola de ser hombre de la confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, y una de las principales referencias del PP en su territorio. Licenciado en Medicina y Cirugía General, antes de llegar al puesto ya conocía el “paño” porque fue director provincial del Sergas en Pontevedra y ocupó puestos de responsabilidad en el Hospital Meixoeiro, entre ellos el de director gerente.

Preocupado por la escasez de profesionales sanitarios y por la estabilidad de los mismos, considera que uno de los principales retos que afronta la Sanidad gallega es el envejecimiento de la población, y es que el número de mayores de 75 años ha aumentado un 38 por ciento en lo que llevamos de siglo, lo que obligará a reforzar la atención domiciliaria (se trabaja en el acceso universal de la hospitalización a domicilio) y las nuevas tecnologías.

Al margen de reclamar al Gobierno central una mejor financiación, su principal desafío es el de una Atención Primaria en la que se han sucedido las protestas de los médicos para reclamar mejoras. En esa línea va el plan que, aprobado en mayo, invertirá 102 millones de euros hasta 2021 para impulsar este nivel asistencial.

Islas Baleares. Patricia Gómez Picard (PSOE)

Patricia Gómez (PSOE) afronta su segunda legislatura como consejera de Salud, cargo al que llegó en 2015. Diplomada en Enfermería y máster en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de Salud, en sus primeros cuatro años centró buena parte de su gestión en la recuperación de derechos tanto para los profesionales como para los pacientes, reduciendo por ejemplo copagos. Asimismo, impulsó la ley de garantías de demora máxima, la prescripción enfermera y el decreto de carrera investigadora, además de tener que lidiar con la polémica por la exigencia del catalán, reiterando una y otra vez que no es una cuestión obligatoria para los sanitarios para trabajar en Baleares y que ningún profesional se ha ido por ello.

De cara a los próximos cuatro años, ha asegurado que se mantendrá una línea continuista, aunque poniendo el foco en cuestiones como seguir rebajando las listas de espera, potenciar la atención en salud mental con el diseño de nuevos modelos y continuar trabajando en la cronicidad. A ello ha unido la mejora de la accesibilidad en ciertas zonas en las que todavía hay margen y el fomento de la innovación y la tecnología, todo un catálogo de medidas que descansa sobre la piedra angular de una mejora de la financiación que se le va a exigir al Gobierno central.

La Rioja. Sara Alba (PSOE)

La comunidad que más tardó en constituir su nuevo gobierno fue La Rioja, donde finalmente el apoyo al PSOE de Podemos e Izquierda Unida le dio la presidencia a la socialista Concha Andreu para así poner punto final a 24 años de gestión del PP. La designada para liderar la Consejería de Salud en esta nueva etapa ha sido Sara Alba, tomando así el relevo de María Martín (PP), que ocupaba el cargo desde 2015. Graduada Social y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, Alba fue concejal del Ayuntamiento de Logroño entre 2007 y 2015 y antes de convertirse en consejera era directora de una residencia de mayores y presidenta desde 2015 de Lares (Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario).

Al tomar posesión, desgranaba como prioridades escuchar a profesionales y pacientes y hacer de la Sanidad pública un motor de cohesión y de impulso del bien común. Aunque la verdadera hoja de ruta ya le viene marcada tanto por los compromisos de Andreu en su discurso de investidura como por los acuerdos de gobierno suscritos: aumento del personal sanitario, mejora de la Atención Primaria (con un tiempo mínimo de consulta por paciente), incorporación del servicio de dentista gratuito, revitalización de las Urgencias y eliminación de los conciertos privados

Madrid. Enrique Ruiz Escudero (PP)

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), es otro de los que continúa en el cargo, aunque en su caso llegó al puesto mediada la pasada legislatura (en septiembre de 2017) para sustituir a Jesús Sánchez Martos. Ahora, y con “ilusión” por continuar en el puesto, tiene por delante en primer lugar el mandato expreso de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de humanizar la Sanidad madrileña (“la mejor de España”) y mejorar la Atención Primaria. Esto último entronca con otro de los compromisos de la propia Díaz Ayuso: aumentar el tiempo de consulta por paciente.

Ruiz Escudero ha recogido el guante para confirmar que la Atención Primaria va a estar en primera línea, además teniendo en cuenta el condicionante del progresivo envejecimiento de la población. Todo ello entronca con el desarrollo pleno de uno de los principales programas ya en marcha, el Plan de Infraestructuras Sanitarias, que prevé la mejora de varios centros de salud y la mejora de los más obsoletos.

Entre las prioridades están también la culminación de otras actuaciones que ya se están desarrollando, como el Plan de Salud Mental (2018-2020) y sobre todo el Plan de Humanización (2016-2019), desarrollado prácticamente en su totalidad pero en el que está haciendo especial hincapié la propia presidenta madrileña.

Navarra. Santos Induráin (PSOE)

El pacto entre el Partido Socialista Navarro, Geroa Bai y Podemos dejaba en manos socialistas la Consejería de Salud, asumiendo el cargo como independiente Santos Induráin, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (de hecho fue presidenta de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar y Comunitaria) que hasta ahora era gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. La elección de Induráin, que sustituye a Fernando Domínguez (Geroa Bai), no es casual, ya que la presidenta navarra, María Chivite, ha subrayado que en materia sanitaria va a centrar sus esfuerzos en una Atención Primaria que quiere convertir en eje del sistema.

La primera reunión de Induráin fue con el Sindicato Médico de Navarra, que mantenía programadas para después del verano movilizaciones por la política laboral del anterior Ejecutivo, comprometiéndose la consejera a desarrollar una gestión de personal “verdaderamente motivadora” que mejore la satisfacción y refuerce la implicación. Junto a ello, en la actual legislatura se impulsará la atención a los pacientes crónicos y la innovación en salud, además de desarrollar el Tercer Plan de Salud Mental y garantizar tanto los cuidados paliativos como la interrupción farmacológica legal del embarazo.

País Vasco. Nekane Murga (PNV)

Médica especializada en Cardiología, Nekane Murga (PNV), hasta el pasado 20 de marzo directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria de la consejería, tomó posesión ese día como máxima responsable en sustitución de Jon Darpón que, tras siete años en el cargo, presentó su dimisión por las irregularidades de la OPE de Osakidetza. Este escándalo, la presunta filtración de exámenes que está investigando un Juzgado y que se ha llevado por delante a otros dos altos cargos, también ha salpicado a Murga, que se ha visto obligada a negar en el Parlamento vasco que tuviera conocimiento de estas prácticas como apuntaba una testigo.

De hecho, esta tormenta ha llevado a diseñar un nuevo modelo de OPE en el que todavía se trabaja, uno de los objetivos junto con la implantación de la reforma de Atención Primaria para hacer frente a desafíos como el envejecimiento, la cronicidad y la dependencia. Murga, que ha alertado de la necesidad de garantizar el relevo generacional en las plantillas profesionales, tiene sobre la mesa también el fin en 2020 del Plan de Salud, por lo que ya se están dando pasos para el que estará vigente entre 2021 y 2028 mientras se avanza en el anteproyecto de Ley de Salud Pública, además de afrontar retos como la sostenibilidad del sistema y la Medicina Personalizada.

Principado de Asturias. Pablo Fernández Muñiz (PSOE)

Uno de los consejeros que estrena cargo, en su caso en sustitución de Francisco del Busto. Licenciado en Medicina y Cirugía y experto en Cirugía Oncoplástica y Reconstructiva de la Mama, Pablo Fernández Muñiz (PSOE) dio sus primeros pasos profesionales como médico de accidentes en la mina de Tormaleo. Miembro del Comité de Bioética de España, desde 2016 era director gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El acuerdo de gobierno suscrito por PSOE e IU para hacer presidente a Adrián Barbón le marca parte de la ruta a Fernández Muñiz, ya que impone el blindaje del sistema sanitario y la potenciación de los servicios en las zonas rurales. Esto último conecta con su preocupación por el envejecimiento de la población, lo que a su juicio obliga a poner en primera línea cómo abordar las enfermedades crónicas.

Con la intención de situar al paciente como prioridad en su gestión, entre los retos que tiene sobre la mesa están los de desarrollar la ley de muerte digna y devolver a los profesionales los derechos perdidos en los últimos años, además de cumplir las promesas ya hechas por Barbón: reclamar una mejor financiación, reducir las listas de espera y contratar a más trabajadores, sobre todo en zonas de difícil cobertura.

Región de Murcia. Manuel Villegas (PP)

El PP ha retenido la Consejería de Salud en el nuevo Gobierno de Murcia, en el que el cardiólogo Manuel Villegas repite como consejero, un cargo al que llegó en mayo de 2017. Esta nueva etapa está condicionada además por los compromisos que su formación ha adquirido tanto con Ciudadanos para formar gobierno como con Vox para garantizarse una mayoría parlamentaria, compromisos que en materia de Sanidad están muy centrados en la reducción de las listas de espera, especialmente tras la tormenta desatada por el fallecimiento de al menos una decena de pacientes que esperaban su turno para ser intervenidos de problemas cardíacos.

Junto a ello, el propio presidente murciano, Fernando López Miras, ha sido el encargado de anunciar que el principal caballo de batalla de esta legislatura va a ser el de la financiación, ya que considera que Murcia sufre un agravio que le obliga a endeudarse para atender servicios básicos como los sanitarios. A esto hay que sumar cuestiones como el impulso a un plan de mejora de las infraestructuras sanitarias, el desarrollo de la tarjeta sanitaria, el refuerzo de la Atención Primaria (con agujeros negros en determinadas zonas y sobre todo en periodo estival) y una política de empleo que permita la estabilización del personal sanitario.

 

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