Sociedades científicas, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes y representantes de la tecnología sanitaria se han unido en la forma de un manifiesto en favor de la protección ante la exposición de medicamentos peligrosos, tanto por parte de profesionales como de pacientes. En concreto, el mismo se ha registrado en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de los principales grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos-Podemos).
La primera idea que han manifestado es que el documento ‘Safer and Healthier Work for All’, publicado por la Comisión Europa en enero de 2017, afirma que en el año 2012 se produjeron más de 106.500 muertes por cáncer atribuido a exposición a substancias cancerígenas en el marco laboral, convirtiendo el cáncer ocupacional en la primera causa de muerte entre los trabajadores europeos y, según la OIT, en todo el mundo. Uno de los motivos detrás de estas cifras es la exposición a medicamentos peligrosos, tanto en el puesto de trabajo como en el uso en pacientes.
De hecho, exponen que la Comisión Europea ha reconocido que el riesgo para su salud de los profesionales sanitarios, en el caso de la medicación antitumoral, se ve influido por el nivel y la frecuencia de la exposición, la toxicidad de la medicación manipulada y la ausencia de medidas preventivas, así como la falta de formación e información, entre otros factores.
Todo ello, teniendo en cuenta que el número y la diversidad de trabajadores del sector sanitario potencialmente expuestos a los medicamentos antitumorales sigue creciendo (por ejemplo, los profesionales de campos como la inmunología, la reumatología, la nefrología y la dermatología) a causa de la rápida expansión del uso de estos agentes en el tratamiento de enfermedades no oncológicas.
En cuanto a la situación en España, recuerdan que, la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales obliga al empleador a proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, con todos los medios a su alcance y en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Medidas necesarias
Ante esta situación, el manifiesto recoge una serie de recomendaciones y peticiones. Por una parte, estarían las dirigidas al Ministerio de Trabajo, entre las que se incluyen el desarrollo de una norma que regule la protección de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario frente a la exposición a medicación peligrosa en centros públicos y privados; campañas de información a los centros sanitarios sobre dicha norma, cuando la misma sea publicada; y asignar suficientes recursos de inspección para asegurar que la norma se cumple por los centros sanitarios.
Por otra parte, al Ministerio de Sanidad se le reclama, entre otras medidas, el desarrollo de una guía nacional en materia de protección a trabajadores y pacientes; el desarrollo de un sistema de vigilancia sobre los niveles de contaminación de medicamentos peligrosos existentes en los centros sanitarios; o el establecimiento de una clasificación especifica de dispositivos sanitarios, denominado “Sistemas cerrados de transferencia de medicamentos” (al estilo de la realizada por la FDA en Estados Unidos) que asegure que los sistemas bajo esta clasificación garantizan la seguridad del personal sanitario y pacientes.
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