Año 2026: reformas legislativas y presión médica

Año 2026: reformas legislativas y presión médica. El Ministerio de Sanidad inicia 2026 con una agenda marcada por decisiones de alto impacto político y sanitario, en un contexto de tensión con parte de los profesionales médicos y de complejas mayorías parlamentarias. El departamento que dirige Mónica García afronta un ejercicio que se perfila determinante para sacar adelante algunas de las principales reformas anunciadas desde el inicio de la legislatura, especialmente el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario.

El rechazo de los sindicatos médicos CESM, SMA, AMYTS, Metges de Catalunya, Omega y SME al último borrador de esta norma anticipa un arranque de año convulso, con nuevas movilizaciones y jornadas de huelga ya anunciadas. Aunque otros sindicatos sí han respaldado el texto, la falta de consenso con el colectivo médico sigue siendo uno de los principales escollos de una reforma que Sanidad negocia desde hace tres años y que busca actualizar una ley vigente desde 2003, durante el Ministerio de Ana Pastor (Partido Popular).

La ministra actual ha reiterado su voluntad de llevar el Estatuto Marco al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso de los Diputados a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, el desafío no se limita al ámbito sindical. El escenario parlamentario, marcado por la fragmentación y por precedentes recientes poco favorables, obliga al Ministerio a tejer acuerdos políticos amplios si quiere evitar bloqueos como el que sufrió en 2025 la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública en su primera votación.

Ley del Medicamento

Más allá del Estatuto Marco, 2026 también contempla la aprobación de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros en abril de 2025. El texto plantea cambios relevantes en el modelo farmacéutico, como la ampliación de las competencias de prescripción a enfermeras y fisioterapeutas, la sustitución de medicamentos por parte de los farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento y una revisión del sistema de precios de referencia.

El número de alegaciones recibidas durante la fase de audiencia pública, cerca de 400, obligó a Sanidad a anunciar ajustes en determinados aspectos. Junto a esta ley, siguen pendientes dos desarrollos clave: el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ambos llamados a tener un impacto directo en el acceso a la innovación y en la sostenibilidad del sistema.

Prevención y Salud Pública

En el ámbito de la prevención y la Salud Pública, el Ministerio también aspira a avanzar en la reforma de la ley antitabaco, con el objetivo de ampliar los espacios sin humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional. A esta iniciativa se suma el Proyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en menores de edad, otro de los compromisos que Sanidad quiere convertir en norma efectiva en este nuevo ejercicio.

Pacientes, agencias y reformas estructurales

La agenda legislativa incluye además la futura Ley de Organizaciones de Pacientes, llamada a dotar de un marco jurídico específico a las asociaciones y a reforzar su participación en las políticas públicas sanitarias. Según el propio Ministerio, esta norma pretende consolidar el papel del paciente en la toma de decisiones.

En paralelo, Sanidad prevé que durante el primer semestre de 2026 esté plenamente operativa la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede se conocerá en los próximos meses. El objetivo es reforzar la capacidad del Estado para anticipar y responder a amenazas sanitarias, mejorar la equidad en salud y consolidar un enfoque preventivo tras las lecciones aprendidas durante la pandemia de covid-19.

Gestión pública, universalidad y relación con las comunidades

Entre las prioridades políticas del inicio de año figura también la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, con la que el Ministerio quiere derogar la Ley 15/1997 y limitar la colaboración público-privada en la sanidad. A esta iniciativa se suma el trabajo en un real decreto orientado a reducir las listas de espera, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Asimismo, continúa pendiente la aprobación definitiva de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), remitida al Congreso en mayo de 2024. La norma busca garantizar el acceso a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a españoles residentes en el extranjero, personas extranjeras reagrupadas y a toda persona residente en España con independencia de su situación administrativa.

Consejo Interterritorial

Todo ello se desarrollará en un contexto de relación compleja con las comunidades autónomas. Aunque el Ministerio destaca haber alcanzado más de 70 acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial desde el inicio de la legislatura, persisten frentes abiertos con algunas consejerías gobernadas por el Partido Popular. Las discrepancias con la Comunidad de Madrid en asuntos como el registro de objetores o la recopilación de datos de los programas de cribado de cáncer anticipan que la confrontación territorial seguirá formando parte central de la agenda sanitaria de 2026.

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