La medida de reducir el horario de tarde de los centros de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, que inicialmente recibía el apoyo de los profesionales médicos, no ha sido bien recibida por sindicatos ni por pacientes. Ante la falta de consenso, finalmente, sindicatos, asociaciones de defensa de la Sanidad pública y consumidores se han unido para presentar una reclamación al respecto en el Defensor del Pueblo.
En concreto, la Consejería de Sanidad e la Comunidad de Madrid proponía a la Mesa Sectorial el pasado mes de noviembre que los centros de salud puedan pasar consulta programada solo hasta el horario comprendido entre las 18:30 y las 19 horas en el caso de la cita pedida por el paciente, aunque los mismos estarán abiertos hasta las 21 horas como ocurre hasta ahora.
Tal y como se argumenta en el documento presentado ante el Defensor del Pueblo, esta medida podría provocar: más demoras en las citaciones a la población; la quiebra de la continuidad longitudinal de la atención, ya que si el paciente no puede acudir a una cita ordinaria pasará a ser atendido siempre como urgencia/sin cita y puede no ser atendido por su médico de familia; la generación de más urgencias; la reconversión y reducción de las plantillas de AP en el medio plazo.
De esta forma, el documento insiste en que estos representantes rechazan “esta decisión de la Consejería de Sanidad que pone en serio riesgo la accesibilidad de la población a la AP y la continuidad de la atención sanitaria, y que parece que solo pretende favorecer la privatización sanitaria continuando con la senda del deterioro y la descapitalización de la AP en la Comunidad de Madrid”.
La falta de acuerdo
La otra cuestión que se pone de manifiesto por parte de los sindicatos es que “esta actuación se ha realizado sin el acuerdo mayoritario en la Mesa Sectorial lo que contraviene la legislación correspondiente y la práctica de diálogo y concertación que debe legitimar este tipo de decisiones que afectan a la plantilla del Servicio Madrileño de Salud y además sin realizar consulta a la ciudadanía afectada por ningún medio, lo que evidencia el rechazo de la Federación de Municipios de Madrid y de la mayoría de los Ayuntamientos afectados”.
De esta forma, se pide al Defensor del Pueblo que dicha institución actué para “paralizar esta iniciativa de la Consejería de Sanidad de Madrid que entendemos vulnera tanto el artículo 43 de la Constitución que garantiza el derecho a la protección de la salud, como la Ley General de Sanidad, y el contenido de la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”.
En concreto, el documento ha sido firmado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPM), representada por Marciano Sánchez Bayle, CECU Madrid representada por Antonio López, FACUA Madrid representada por Marian Díaz Palacios, UGT Madrid representada por Luis Miguel López Reillo y CC.OO Madrid representada por Jaime Cedrún López.
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