La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado que el Gobierno de España ha retirado el recurso contra el decreto del catalán en la Sanidad pública de Baleares, debido a la “voluntad política expresada” por el nuevo Gobierno y gracias a las conversaciones que se han mantenido sobre este asunto con la Administración Balear.
Así, la Abogacía General del Estado, a partir de la solicitud realizada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha autorizado a la Abogacía del Estado en Baleares para desistir de este recurso que se tramitaba ante la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La formalización del desistimiento se ha llevado a cabo el pasado jueves.
Tal y como expresó la consejera de Salud, Patricia Gómez, en su momento, lo que se exige con el decreto es “un nivel de comprensión” de catalán. Por ejemplo, para auxiliares y celadores el nivel es el A2, “un nivel básico”, y para médicos, enfermeros y fisioterapeutas el B1.
De esta forma, el decreto establece la habilitación del personal sanitario en Baleares para cumplir con el principio de doble cooficialidad lingüística. Así, se admiten las solicitudes de participación de todos los aspirantes a los procesos selectivos, y quien los supere obtendrá la condición de personal estatutario sanitario fijo, pero estará obligado a alcanzar el nivel de conocimientos de catalán requerido y a acreditarlo en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de ocupación de la plaza o puesto de trabajo.
Firma centralizada
En otro orden de cosas, otra de las novedades del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) es la puesta en marcha de la firma centralizada para la receta electrónica en todas las islas, la cual permite firmar documentos electrónicamente con certificados centralizados de empleado público con la misma seguridad que la firma con tarjeta pero de una manera más ágil.
Este mecanismo supone que todos los profesionales que tienen que firmar recetas electrónicas ya podrán tener disponible la firma en la nube. Se trata por tanto de una firma electrónica que permite al facultativo firmar desde el ordenador portátil, el teléfono móvil o la tableta con una clave y una contraseña.
La firma centralizada también permite eliminar el proceso de emisión de tarjetas criptográficas y los desplazamientos que los profesionales tenían que hacer al Servicio de Salud para retirarlas o renovarlas.
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